Una fuerte controversia política se desató en las últimas horas, luego de que el Ministerio de Defensa de la Nación autorizara a las Fuerzas Armadas a detener civiles en casos de flagrancia en zonas de frontera. La medida, impulsada por el ministro Luis Petri, se da en el marco del denominado «Operativo Roca», que busca reforzar el control en la frontera norte con un despliegue de hasta 10.000 efectivos militares.
La decisión, oficializada mediante una resolución ministerial y en documentos reservados conocidos como «reglas de empeñamiento», habilita a los soldados a efectuar detenciones transitorias de personas que estén cometiendo delitos flagrantes, para luego ponerlas a disposición de las autoridades judiciales o de las fuerzas de seguridad.
Desde el gobierno nacional defendieron la medida al señalar que se ajusta al Código Procesal Penal, que permite a cualquier ciudadano realizar detenciones en flagrancia. Petri, en declaraciones públicas y posteos en la red social X, justificó la medida asegurando que es similar a prácticas implementadas en países vecinos y recientemente en Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump. «Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas», argumentó el ministro.
Sin embargo, la respuesta de sectores de la oposición no tardó en llegar. El exministro de Defensa Agustín Rossi calificó la disposición como «ILEGAL» y advirtió que pone en riesgo a los propios militares, al encomendarlos a realizar tareas prohibidas expresamente por las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior. “No obligue al personal militar a actuar fuera de la ley”, reclamó Rossi, quien también cuestionó que la medida fuera tomada por resolución administrativa luego de que el Congreso rechazara cambios en la legislación vigente.
En cuanto a las reglas impuestas, las mismas establecen restricciones sobre el uso de la fuerza: se prohíbe disparar contra vehículos o personas sospechosas que intenten huir de los controles, y se detallan niveles específicos de apresto de armas, buscando priorizar siempre la disuasión antes que el enfrentamiento.
Pese a ello, fuentes militares consultadas por distintos medios advirtieron que existe preocupación en las filas castrenses ante la posibilidad de futuras demandas judiciales derivadas de estos procedimientos. También señalaron que no está claro cómo se coordinará el accionar entre militares y fuerzas de seguridad, y pusieron en duda la factibilidad logística de movilizar a tantos efectivos.
El “Operativo Roca” se presenta así como el tercer intento en las últimas décadas de utilizar a las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en las fronteras, tras experiencias similares durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, que no lograron resultados significativos en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.
La falta de un decreto presidencial específico y de un respaldo legislativo claro, sumado a diferencias salariales entre militares y gendarmes, alimenta aún más las críticas sobre la viabilidad y legalidad del operativo, que promete seguir generando debate en los próximos días.
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