Secuestran armas en allanamiento por violencia de género en la zona de Arroyo Molino

Un allanamiento ordenado por la Justicia entrerriana en el marco de una causa por violencia de género terminó con el secuestro de armas de fuego y municiones en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional 14, en las inmediaciones de Arroyo Molino. La intervención policial fue llevada adelante por personal de la Comisaría Tercera de Concepción del Uruguay durante la tarde de este lunes y arrojó resultados positivos para la investigación.

La medida judicial, dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1 a solicitud de la Fiscalía Auxiliar N° 3, tenía como objetivo registrar el domicilio en cuestión y proceder al secuestro de cualquier tipo de arma o munición que pudiera encontrarse en el lugar. El procedimiento comenzó alrededor de las 14:30 y se extendió por varias horas.

Ante la ausencia de los moradores en la vivienda, los uniformados ingresaron con la asistencia de un cerrajero autorizado, quien actuó bajo conocimiento y autorización expresa del juzgado y la fiscalía interviniente. Además, el procedimiento se realizó con la presencia de dos testigos civiles, vecinos del lugar, para garantizar la legalidad y transparencia del operativo.

Armas secuestradas

Durante el registro del inmueble, el personal policial incautó una carabina calibre .22, una escopeta calibre 32 y una cantidad no especificada de cartuchería de distintos tipos. Todos estos elementos fueron formalmente secuestrados y puestos a disposición de la Justicia, al ser considerados de interés para la causa en curso.

El operativo concluyó alrededor de las 18:30, sin que se reportaran incidentes ni detenciones al momento del allanamiento. No obstante, las actuaciones continúan bajo la órbita judicial, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar medidas cautelares en el marco del caso.

Violencia de género: una problemática en foco

Este procedimiento se enmarca en la política de abordaje integral de la violencia de género que impulsan las autoridades judiciales y policiales de Entre Ríos, que incluye la intervención preventiva ante denuncias formales y la disposición de medidas urgentes para proteger a las víctimas y prevenir hechos de mayor gravedad.

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