El Gobierno nacional fijó por resolución el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil tras el fracaso de la reunión del 26 de noviembre entre representantes sindicales y empresarios, decisión que impactó en todo el país y que también repercutió en Concepción del Uruguay. El Ejecutivo dispuso aumentos mensuales desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026 y estableció nuevos parámetros para la prestación por desempleo, mientras gremios y cámaras empresarias no lograron consensuar una propuesta común.
El Gobierno definió que el salario mínimo, congelado desde agosto en 322.200 pesos, suba a 328.400 pesos desde el 1° de noviembre, lo que representa un incremento de apenas 6.200 pesos. El Ejecutivo estableció este valor en la Resolución 9/2025 firmada por la presidente alterna del Consejo del Salario, Claudia Silvana Testa, y publicada en el Boletín Oficial. La normativa también fijó que los trabajadores jornalizados cobren 1.642 pesos por hora.
El Gobierno confirmó que los aumentos continuarán cada mes con montos que varían entre cinco mil y seis mil pesos. El salario mínimo pasará a 334.800 pesos en diciembre y escalará a 341.000 pesos en enero de 2026. El Ejecutivo determinó que los valores aumenten de manera sostenida hasta llegar a 376.600 pesos en agosto del próximo año.
El Ejecutivo precisó que estos valores alcanzan a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, al Régimen de Trabajo Agrario, a la Administración Pública Nacional y a todos los organismos estatales que actúan como empleadores. La normativa aclaró que las asignaciones familiares quedan excluidas del cálculo y que los artículos 92 ter y 198 de la Ley 20.744 se ajustarán de manera proporcional.
Las organizaciones sindicales plantearon diferencias profundas en la última reunión. La CGT propuso un salario mínimo de 512.000 pesos para noviembre y aumentos mensuales que lleven el piso a 553.000 pesos en abril de 2026. La CTA recordó que en abril las tres centrales habían acordado que el salario debía ubicarse en 644.000 pesos, con una actualización progresiva hasta 736.000 pesos. Las cámaras empresarias ofrecieron un máximo de 326.000 pesos para este año y 349.000 para abril.
El Gobierno sostuvo que también mantiene el esquema vigente para la prestación por desempleo, prevista en la Ley 24.013. La normativa indica que el monto debe equivaler al 75 por ciento de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al despido y que no puede ser menor al 50 por ciento del salario mínimo ni superar el 100 por ciento del mismo.
Los nuevos valores muestran que el incremento real será mínimo. La administración nacional llevará el salario de 322.200 pesos a 376.600 pesos en diez meses, lo que implica una suba total de 54.600 pesos, es decir, un promedio de 5.400 pesos mensuales. El aumento deja al salario mínimo en un nivel equivalente a un tercio de la canasta básica total, que actualmente se ubica en 1.213.800 pesos, y por debajo de la canasta de indigencia, calculada en 544.300 pesos.
La Secretaría de Trabajo reiteró que el Salario Mínimo Vital y Móvil funciona como referencia para futuras negociaciones colectivas, programas sociales, jubilaciones, becas, subsidios y cuotas alimentarias. La decisión unilateral del Gobierno vuelve a colocar a este indicador por debajo del promedio que tuvo durante la década de 1990 y profundiza las tensiones entre el sector laboral y la administración de La Libertad Avanza.
El impacto del nuevo esquema será determinante en la economía cotidiana de miles de trabajadores formales, que verán incrementos mensuales muy por debajo del ritmo inflacionario. Las negociaciones entre gremios y empresarios volverán a tomar relevancia en los próximos meses, en un contexto en el que el salario mínimo pierde poder adquisitivo y se aleja de los valores de referencia necesarios para cubrir la canasta básica.
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