La posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la derogación de la Ley 25.542, que establece un precio uniforme para la venta de libros, generó preocupación en libreros, editores y cámaras del sector en todo el país. Aunque todavía no existe un proyecto presentado en el Congreso, representantes de la actividad comenzaron a reunirse con legisladores nacionales para expresar su rechazo y anticiparse a un eventual debate parlamentario.
La inquietud surgió luego de que trascendiera una versión periodística que señala que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, analiza incluir entre las próximas reformas la eliminación de la denominada Ley de Defensa de la Actividad Librera.
Uno de los primeros en manifestar públicamente su preocupación fue José «Perico» Pérez, librero, editor y titular de la librería Homo Sapien, quien recordó que la normativa fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso en noviembre de 2001 y promulgada en enero de 2002.
La legislación establece que los libros deben mantener un precio uniforme durante un período determinado desde su lanzamiento, con el objetivo de evitar que grandes cadenas comerciales utilicen fuertes descuentos para atraer clientes y desplazar a las librerías independientes.
Según explicó Pérez, esa regulación surgió como respuesta a prácticas comerciales registradas cuando grandes superficies comenzaron a vender los títulos más exitosos con rebajas de hasta el 50 por ciento. De acuerdo con su análisis, esa estrategia hacía imposible que una librería tradicional pudiera competir en igualdad de condiciones.
El editor sostuvo que esos libros de mayor venta son los que permiten sostener económicamente a los comercios especializados y advirtió que, si pasan a comercializarse con descuentos agresivos en grandes cadenas, muchas librerías dejarían de ser viables.
También recordó que la legislación argentina tomó como referencia la Ley Lang de Francia, creada para evitar la concentración del mercado editorial. Como contrapartida, mencionó el caso de Inglaterra, donde la desregulación derivó, según indicó, en la desaparición de numerosas librerías independientes y en una mayor concentración de la oferta.
Para Pérez, el debate no se limita al aspecto económico. Afirmó que una eventual derogación afectaría la bibliodiversidad, ya que reduciría la circulación de autores y obras que no integran los rankings de ventas. En ese sentido, consideró que las librerías cumplen un papel cultural al recomendar lecturas, organizar presentaciones de libros y promover actividades abiertas a la comunidad.
El librero también remarcó que la ley no implica subsidios ni gasto público, sino que establece una regulación vigente desde hace más de dos décadas. Por ese motivo, señaló que el sector considera innecesario modificar un esquema que, según sostienen, permitió preservar una amplia red de librerías en distintas ciudades del país.
Aunque aclaró que no hay una iniciativa formal presentada, explicó que representantes de las distintas entidades ya mantuvieron reuniones con diputados y senadores de diferentes bloques para plantear su posición y preparar el terreno ante un eventual tratamiento legislativo.
Pérez advirtió además que la discusión se produce en un contexto complejo para toda la cadena editorial, integrada por librerías, editoriales, autores y distribuidoras. También alertó sobre el impacto que una eventual derogación tendría en ciudades pequeñas, donde muchas veces existe una sola librería que funciona como espacio de acceso a los libros y de promoción de la lectura.
El rechazo a una posible eliminación de la Ley 25.542 reúne actualmente a entre catorce y quince cámaras del libro de todo el país, que impulsan acciones conjuntas para sostener la vigencia de la normativa.
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