La Justicia laboral dejó firmes los despidos de 35 trabajadores de la empresa FADEMI, con planta en Larroque, al revocar una sentencia que había ordenado su reincorporación. La decisión fue adoptada por el juez Julio Armando Grisolía, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 55, y representa un nuevo capítulo de un conflicto sindical iniciado en junio de 2024, que continúa con derivaciones en el fuero penal.
La resolución judicial dejó sin efecto el fallo que había dispuesto el regreso de los empleados despedidos durante el conflicto. La empresa, dedicada a la fabricación de baterías para vehículos, sostuvo que las medidas de fuerza afectaron de manera severa la producción y pusieron en riesgo la continuidad de sus operaciones.
El conflicto comenzó cuando el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana reclamó una recomposición salarial que, según FADEMI, no estaba en condiciones de afrontar. De acuerdo con la firma, entre abril de 2023 y abril de 2024 los salarios aumentaron un 400 por ciento, mientras que la inflación acumulada fue del 290 por ciento. Además, aseguró que el salario inicial neto era de 1,5 millones de pesos y que el promedio de bolsillo rondaba los 2 millones de pesos.
Tras el fracaso de las negociaciones comenzaron las asambleas, los quites de colaboración y una reducción de la producción. Según la empresa, la fabricación cayó al 10 por ciento de la capacidad prevista, con unas 30.000 baterías que dejaron de producirse. Posteriormente, un bloqueo de la planta impidió el ingreso de camiones y paralizó completamente la actividad durante varios días, lo que, de acuerdo con la firma, provocó pérdidas de clientes, cancelaciones de pedidos y una crisis financiera.
El conflicto también tuvo consecuencias judiciales por hechos denunciados como intimidatorios. La empresa informó que su propietaria recibió en su domicilio un paquete con dos balas y la inscripción «Familia FADEMI», además de otras amenazas. La investigación permitió identificar a dos empleados como presuntos responsables de ese hecho. Ambos fueron detenidos, permanecieron dos meses con prisión preventiva y continúan imputados por coacciones agravadas, con una audiencia de juicio oral prevista para octubre.
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